Conforme a lo establecido en la Ley 23/1982, de 16, de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio nacional los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes le atribuyen.
Además, se integran en el citado Patrimonio los derechos y cargas de Patronato sobre las Fundaciones y Reales Patronatos a que se refiere dicha Ley.
En cuanto sea compatible con la afectación de estos bienes a su uso principal, Patrimonio Nacional pone a disposición de los ciudadanos con fines culturales, científicos y docentes sus inmuebles histórico-artísticos y espacios naturales.